En un importante avance hacia la equidad y la justicia de género, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha modificado las reglas para abordar las denuncias de violencia política por razones de género. Esta decisión se tomó en el marco de la causa 135-2022-TCE, donde la activista Paolina Vercoutere Quinche, respaldada por Mega Mujeres, organización aliada de la Campaña “Violeta Si, Violencia No”, buscaba obtener justicia ante el alcalde del Cantón Otavalo, Mario Hernán Conejo Maldonado, el concejal Luis Alberto Morales Cotacachi y la secretaria del Concejo Municipal Mariana de Jesús Perugachi Casco, por actos de violencia política basada en género.
La nueva regla establecida por el TCE pone énfasis en la perspectiva de género en las actuaciones jurisdiccionales, con el objetivo de derribar las barreras culturales y estructurales que dificultan el acceso a la justicia para las mujeres. Una de las principales modificaciones es la inversión de la carga de la prueba, que ahora recae a favor de la víctima. Esto significa que la persona afectada por la violencia política de género ya no tiene que demostrar su condición de víctima, ya que conserva esa condición incluso al convertirse en denunciante durante el proceso contencioso electoral.
Además, el TCE ha facultado a los jueces para requerir pruebas de oficio. Esto implica que los jueces de instancia designados por sorteo tienen la responsabilidad de buscar y recopilar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia o discriminación de género. Esta medida busca garantizar que los casos de violencia política por razones de género sean abordados de manera efectiva y se tomen en cuenta las circunstancias y desventajas que enfrentan las víctimas.
La implementación de estas medidas representa un avance significativo en la lucha contra la violencia política de género. Al invertir la carga de la prueba y permitir que los jueces actúen de oficio, se promueve un proceso más justo y equitativo para las mujeres que sufren violencia durante las campañas electorales.
El TCE ha sentado un precedente importante al reconocer la importancia de la perspectiva de género en la justicia electoral y al tomar medidas concretas para proteger y empoderar a las mujeres en el ámbito político.
Esta resolución se da en un contexto de crisis política en Ecuador, tras el decreto del presidente Guillermo Lasso que disuelve la Asamblea Nacional y convoca a nuevas elecciones mediante la figura legal conocida como muerte cruzada. Ante este escenario, es importante que las mujeres que participen en el nuevo proceso electoral cuenten con mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la violencia política por razones de género.
Violeta Si, Violencia No.